Candidaturas, partidos, gobiernos municipales y empresas de medios — acompañamos casos que trascienden el expediente.
Cada persona, institución o empresa con la que trabajamos representa un compromiso jurídico serio. No todos los asuntos son iguales: algunos plantean problemas cuya relevancia trasciende el caso concreto y tiene impacto institucional, social o político.
Hemos brindado asesoría jurídica a candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales y cargos de elección popular; a militantes y organizaciones políticas; a gobiernos municipales y a empresas de medios de comunicación.
En el contexto de la elección judicial, hemos acompañado a diversas candidaturas en la defensa de sus derechos político-electorales, así como en procedimientos sancionadores y de fiscalización, siempre desde un enfoque técnico, estratégico y orientado a la toma de decisiones bajo escrutinio jurisdiccional.
Presentamos el caso que dio lugar al primer precedente en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró la inelegibilidad por ser deudor alimentario (SUP-REC-532/2024). El asunto implicó articular los derechos político-electorales con el régimen de obligaciones alimentarias y delimitar los alcances de las recientes reformas al artículo 38, párrafo VII de la Constitución.
Participamos en el diseño de la estrategia jurídica en casos de alto impacto mediático relacionados con denuncias por violencia política, en los que se discutieron los límites entre la crítica pública, la libertad de expresión y la protección frente a conductas que pudieran constituir violencia política. Los asuntos exigieron un análisis cuidadoso de estándares probatorios y criterios jurisprudenciales aplicables en contextos de alta exposición pública.
Intervenimos en la defensa de candidatos en el marco del proceso extraordinario de elección judicial, obteniendo la revocación de multas y procedimientos sancionadores derivados de criterios de fiscalización controvertidos. El caso implicó el análisis de estándares probatorios, trazabilidad de gastos y aplicación de reglas diseñadas originalmente para procesos partidistas en un contexto electoral atípico.
Asesoramos y estructuramos una estrategia jurídica en una serie de casos relacionados con el otorgamiento irregular de pensiones en distintos municipios y dependencias del Estado de Morelos, fenómeno conocido públicamente como 'pensiones doradas'. Las pensiones habían sido concedidas sin cumplir requisitos legales, pero generaron derechos adquiridos que impedían su cancelación unilateral.
La vía jurídicamente correcta no era dejar de pagarlas por decisión administrativa, sino promover juicios de lesividad para que un tribunal analizara la legalidad de los actos que las habían otorgado. En diversos asuntos, el Tribunal de Justicia Administrativa consideró extemporáneas las demandas, computando incluso el periodo en que las actividades institucionales estuvieron suspendidas durante la pandemia.
La controversia fue llevada a tribunales colegiados, donde en múltiples casos se reconoció la procedencia del amparo directo por involucrar la afectación patrimonial de entes públicos y por tratarse de una relación jurídica distinta a la del ejercicio ordinario de potestad de autoridad. Actualmente, varios de los asuntos se encuentran en etapa de resolución de fondo en sede de amparo directo.
Contáctanos para una primera consulta y conoce cómo podemos diseñar una estrategia jurídica sólida para tu caso.
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